Esta semana se ha firmado un acuerdo de colaboración entre la Cámara de Comercio y la Corte de Arbitraje, que depende del Colegio de Economistas de Albacete.
Manuel González Tébar, decano del Colegio de Economistas y Juan Martínez Moraga, presidente de la Cámara de Comercio, firmaron el acuerdo mediante el cual se establece una mutua colaboración institucional para la promoción, dinamización y desarrollo del arbitraje institucional, administrado por la Corte de Arbitraje de Albacete, única de carácter institucional existente en nuestra provincia.

“Nuestras empresas deben conocer la existencia de la Corte de Arbitraje y saber que en Albacete cuentan con una institución a la que pueden acudir para solucionar sus conflictos mercantiles de manera ágil, profesional, confidencial y eficaz, sin tener que acudir a los juzgados.”.
El Arbitraje es un medio eficaz y rápido de resolución extrajudicial de conflictos.

El arbitraje ofrece un sistema de justicia privada en el que las partes en conflicto podrán encomendar a una Corporación de Derecho Público (el Colegio de Economistas en esta caso) la designación de uno o más árbitros para que, mediante la emisión de un laudo (que tendrá la misma validez y fuerza que una sentencia), y con arreglo a un procedimiento regulado legalmente, puedan resolver procedimientos que tengan por objeto temas civiles y mercantiles, tales como asuntos relacionados con sociedades civiles, asociaciones, comunidades de bienes, arrendamientos, compraventas, comunidades de propietarios, contratos de transporte, ventas a plazos, leasing, renting, propiedad industrial e intelectual, relaciones societarias, etc.

Desde la creación de la Corte de Arbitraje en 2014, el Colegio de Economistas de Albacete se ha dedicado a promocionar y a ultimar la infraestructura necesaria para ofrecer a las empresas y particulares de nuestra provincia la posibilidad de acogerse a este sistema de resolución extrajudicial de conflictos de naturaleza civil y mercantil, nacionales e internacionales, de manera más rápida, confidencial, económica y flexible que la vía judicial, y con la misma validez.